El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha invalidado el plan urbanístico que regía los clubes cannábicos desde 2016, una sentencia respaldada por el Tribunal Supremo (TS). Este fallo obliga al Ayuntamiento de Barcelona a llevar a cabo una serie de inspecciones en los aproximadamente 200 clubes que cuentan con licencias activas para el consumo.
200 locales se verán afectados
En consecuencia, las asociaciones cannábicas de Barcelona mantendrán su funcionamiento como clubes sociales privados, lo que implica que no podrán fomentar el consumo, cultivo ni venta de cannabis. Esta decisión frustra la iniciativa del ayuntamiento de «conciliar el derecho de asociación de los consumidores de cannabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la protección de la salud».
El planteamiento municipal no obtuvo respaldo del TSJC, que sostiene que la regulación en este ámbito corresponde al Estado. De esta manera, el ayuntamiento se ve limitado en su capacidad para regular incluso aspectos estrictamente urbanísticos, que durante el último lustro habían logrado «prevenir la concentración y proximidad a instalaciones protegidas, reducir las molestias a los vecinos y mejorar la convivencia».